Caracas, 11-05-21 Del Pacto Histórico Venezuela, Carlos Molinares del Partido Comunista de Colombia y la Unión Patriótica y Mónica Delgado de la estructura local en Venezuela del Partido Comunes, entregaron formalmente a funcionaria del PNUD, un oficio de 11 puntos dirigido a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, solicitando entre otras cosas, la revisión exhaustiva de la violación de Derechos Humanos contra los manifestantes para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas que van creciendo por miles.
A continuación publicamos el texto de la carta presentada hoy. Si bien ya fue entregada siguen llegando adhesiones, que aseguran los dirigentes del PHVZ, se irán sumando para actualizar posteriormente el documento con notificción a la oficina de la ONU en Caracas.
A continuación el texto completo del documento entregado el día de hoy
Caracas, 11 de mayo de 2021
Sra. Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Nosotras y nosotros, colombianas y colombianos residentes en Venezuela, nos dirigimos usted con suma preocupación a fin de solicitar sus buenos oficios ante las graves y reiteradas noticias sobre la situación de violaciones a los derechos humanos que vive Colombia, en especial desde las protestas iniciadas el 28 abril cuando arrancó el Paro Nacional decretado por organizaciones sindicales y movimientos sociales encabezada por el Comité Nacional de Paro, donde se le exige al gobierno nacional la derogación de la Reforma Tributaria y otras reformas presentadas para su aprobación en el Congreso Nacional de Colombia.
Como es de público conocimiento desde la llegada del gobierno de Iván Duque Márquez, se han materializado hechos de suma gravedad en Colombia, como la impresionante cifra de asesinatos de dirigentes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, y el asesinato de ex combatientes de la ex guerrilla de las Farc-Ep; 276 firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana, del cual la ONU ha hecho en algunas etapas de su implementación, parte fundamental de las estructuras de verificación y seguimiento. La implementación por parte del Ejecutivo Nacional no solamente ha sido burlada sino saboteada como se reflejó en las objeciones a la Jurisdicción para la Paz que no fueron aprobadas por el Congreso de la República.
Aunado a estos hechos, el deterioro de la vida económica en Colombia alcanza cifras récord de pobreza, en un contexto de lamentable desempeño del Estado en la previsión de políticas para contener el contagio del Covid 19, que tiene a nuestro país en alarmantes cifras de muertes diarias.
Por tal razón, le solicitamos:
1. La visita en terreno de una Comisión Internacional, que recoja in situ la copiosa información existente sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género, así mismo como, la censura mediática, sabotaje a las conexiones de red en internet, perpetradas por agentes de la fuerza pública en seguimiento de las orientaciones del Ejecutivo Nacional en las principales ciudades del país, en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril del año en curso, de conformidad con la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos. Esto con el objeto de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
De acuerdo a las últimas cifras reportadas por las organizaciones de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 10 de mayo de 2021, se han registrado los siguientes hechos: 52 personas asesinadas, 39 de ellas por violencia policial; 1365 detenciones arbitrarias; 15 casos de violencia sexual hacia mujeres; 489 personas heridas; 548 personas desaparecidas; 709 denuncias por abuso de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
2. Facilitar la activación de los órganos convencionales (Comités) y extra convencionales (Relatorías, Grupos de Trabajo, Expertas/os) de derechos humanos de las Naciones Unidas para la investigación y procesamiento de las denuncias sobre el tratamiento de guerra que el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, le está dando a la protesta social, con su saldo de vidas humanas, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
3. Instar al Gobierno de Colombia a suspender definitivamente la implementación de la figura de la misión militar desplegada en algunas ciudades desde el segundo día del paro y renunciar al tratamiento de guerra que viene otorgando a los conflictos sociales surgidos en el marco del Paro Nacional que se encuentra enmarcado en el derecho legítimo de la ciudadanía a la protesta social.
3. Solicitar la estricta observancia de los principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el control estatal de las manifestaciones, así como instar al Gobierno de Colombia a que se abstenga del uso de armas de guerra potencialmente mortales, cuyo uso indiscriminado sobre la población desarmada, por parte de agentes de la fuerza pública y policías de civil, viene ocasionando graves violaciones a los derechos humanos prácticamente ante los ojos de la Comunidad Internacional.
4. En tal sentido Instar al Gobierno colombiano a que se adopten medidas cautelares de protección a la población movilizada asociadas: a) que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios, (ESMAD), que es el aparato policial causante de centenares crímenes de Lesa Humanidad y, b) el retiro del general Eduardo Enrique Zapateiro, de la ciudad de Cali, donde fue enviado a contener las pacíficas protestas, y que ha relevado de facto a las autoridades civiles del gobernador del Valle del Cauca y alcalde de Cali. Y a emprender conforme a la solicitud de diversas organizaciones de derechos humanos de establecer una reforma policial de acuerdo a las normas del derecho Internacional Humanitario.
5. Pedir a los órganos judiciales y defensoriales del Estado de Colombia, investigar con celeridad las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos realizadas en el marco del Paro Nacional, así como sancionar a los responsables teniendo en cuenta toda la cadena de mando, y adoptando las medidas necesarias para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. E Igual solicitar apoyo psicológico a las victimas que han resultado de todas las formas de agresión aplicadas por el gobierno como respuesta al paro.
6. Hacer un llamado urgente al Gobierno de Colombia para que informe a la mayor brevedad sobre el lugar de detención y estado de salud de todas las personas reportadas como desaparecidas. Constituye un motivo de especial preocupación el número de personas que se encuentra en esta situación y la rapidez con que se han incrementado estos casos durante los últimos días.
7. Solicitar al Gobierno de Colombia que resuelva jurídicamente con prontitud, las denuncias presentadas por violaciones efectuadas por parte de agentes de la fuerza pública y que detenga y condene públicamente la incitación y práctica de la violencia sexual, que, para el caso de las mujeres en este contexto de protestas, se trata de una forma de violencia política, planificada como arma de guerra para doblegar la voluntad de las que se encuentran en las calles luchando y resistiendo.
8. Instar al Gobierno de Colombia, y a todos los sectores políticos en general, a detener y rechazar el racismo, la xenofobia y otras formas de estigmatización en contra de los sectores que protestan, así como condenar el llamado al uso de las armas en contra del pueblo que ha realizado a los cuerpos de seguridad del Estado, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, quien no sólo es el jefe del partido del jefe de Estado, y quien merece recordarse actualmente es acusado de fraude procesal y soborno a ex paramilitares para que declararan que él no había tenido nexos con él y señalaran al senador Iván cepeda de estar creando testimonios en su contra. Este grave antecedente y los secretos a voces que se conocen en el país y sobre los cuales hay numerosos testimonios, sobre el papel de Uribe en la conformación de grupos paramilitares en los últimos 20 años, alertan sobre el uso de la fuerza pública que vestida de civil ha disparado en el curso de estas protestas contra manifestantes, como también se recoge en algunos materiales que circulan por las redes.
9. Dado lo anterior solicitar a que desde la oficina que Ud. preside Comisionada Bachelet, se cree una comisión de investigación que determine la relación de los trinos del senador Uribe con el escalamiento en el uso de la fuerza armada del Estado para acciones de violencia diversificada incluyendo la paramilitarización de la fuerza policial.
10. Llamar al Estado colombiano a respetar la importante labor de denuncia e información que vienen realizando las organizaciones de derechos humanos y los periodistas en el país, e instar a todas las autoridades públicas a brindarles la información y las condiciones de seguridad necesarias para que puedan continuar realizando su trabajo.
11. Solicitar a esta cartera, si bien la ONU ha sido parte fundamental en todo el camino recorrido en lo que se refiere al Acuerdo de paz, a redoblar esfuerzos para que se avance en su implementación cabal, conforme al compromiso nacional e internacional del Estado colombiano de cumplirlo. Del mismo modo, resulta imperativa la reactivación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como parte del compromiso de trabajar por el establecimiento de la paz estable y duradera. El saboteo sistemático al Acuerdo de Paz de la Habana, por parte del Ejecutivo Nacional, entre otras instancias políticas del Estado, constituye uno de los detonantes del descontento generalizado de la ciudadanía colombiana que a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, comienza a descubrir con nombres y apellidos, números y lugares las responsabilidades del Estado y la élite gobernante en lo que se refiere a los crímenes de guerra desarrollados en el marco de un conflicto social y armado de más de cinco décadas en el que se arrojó el pasmoso número de más de ocho millones de víctimas.
Agradecemos de antemano la atención a este oficio
Atentamente,
Colombia Humana
Partido Comunista Colombiano
Unión Patriótica
Polo Democrático Alternativo Internacional
Asociación Latinoamericana de Migrantes
Fundación Latinoamericana y Caribeña, FUNDILAC
Comunidad Latinoamericana Revolucionaria y Bolivariana Colarebo
Partido Comunes (Local Venezuela)
Jancy Barrios Hernández C.E 84484272
María Fernanda Barreto 23.166.885
Roque Guerrero C.I 19733107
Jorge Eliecer Murillo Santafé C.I V. 11.669.841
Edien Daniel Méndez Orozco C.I 72.187.080
Viviana García de la Rosa C.I 32.893.632
Yasmina Rojas Rauseo CI 3842842
Nodo de Saberes Populares Orinoco Magdalena, NOMA
Comisión Binacional Bicentenaria Orinoco Magdalena, CBBOM
Le Ronca el Mambo
Periódico Querella
Colectivo de Derechos Humanos Surgentes
Corriente revolucionaria Bolívar y Zamora CRBZ
Colectivo La Otra Escuela
Plan Pueblo a Pueblo
"...nosotros amamos a Colombia y queremos para Colombia lo mejor y lo mejor para Colombia es la paz, la hermandad con esta Venezuela y con estos pueblos de la América Latina, hija de la espada y del ejemplo del más grande de los hombres que ha parido este Continente: Simón Bolívar, el libertador de toda esta tierra y de todo este pueblo".(Hugo Chávez, 2003)
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